Partiendo
de que una política pública según el autor Thomas Dye es “todo aquello que los
gobiernos deciden hacer o no hacer”, que las políticas sociales se estructuran
en torno a derechos sociales, y que las políticas laborales afectan
directamente a las relaciones entre los sujetos que intervienen en el mercado
de trabajo, podemos definir las políticas sociolaborales, como la zona de
intersección o confluencia entre las políticas sociales y las políticas
laborales.
Las
políticas sociolaborales son aquella parte de las políticas sociales que de
forma directa persiguen afectar al grupo de personas que desarrollan actividades
productivas y a los sujetos que facilitan tal desarrollo, al mismo tiempo que
influencia el desarrollo de dicha actividad.
El
empleo es el fundamento de legitimidad social y el sustrato material del estado
de bienestar. Cuando el pleno empleo se torna inalcanzable, se plantean graves
problemas a la hora de estructurar derechos sociales que en un primer momento
estaban vinculados al empleo. El desempleo y la creación de empleo también se
han convertido en uno de los principales problemas de la sociedad actual.
Dependiendo
de los gobiernos que estén capacitados o tengan competencia para tomar
decisiones en materia de política sociolaboral, así será la misma. Estos
organismos pueden ser:
1.-
Internacionales: políticas públicas que se adoptan a escala supraestatal.
Lleva a cabo medidas relativas a la
entrada y circulación de personas conforme a las disposiciones de asilo, visado
e inmigración y el fomento de la coordinación entre las políticas en materia de
empleo de los Estados miembros, siempre con el objetivo común de eliminar las
desigualdades.
2.-
Nacionales: adopción de una política que afecte al ámbito nacional, deberá ser
adoptada por los organismos estatales competentes, sin que exista ninguna
posibilidad de que organismos de ámbitos más reducidos puedan elaborar
políticas públicas sobre esas cuestiones.
3.-
Regionales: competencias que asumen las Comunidades Autónomas.
4.-
Locales.
SITUACIÓN ACTUAL
Un
empleo de calidad es un derecho social cuya finalidad es la satisfacción de
necesidades básicas, como así lo recoge la Constitución Española y la Declaración
de los Derechos del Hombre, sin distinción de raza, sexo y religión.
Sin
embargo la realidad es que dentro de la Unión Europea hay ya más de 16.5
millones de personas buscando empleo. Esto, reduce las posibilidades de
empleabilidad de las personas, agravando al mismo tiempo el preocupante tema de
la exclusión social.
Esta
situación de desempleo se incrementa en aquellos colectivos que se encuentran
en situación de desventaja para competir en el mercado laboral, como son los
jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidades o las
diferencias de género, que supone para las mujeres un freno en su carrera
profesional. El desempleo
tiene un elevado coste social para el individuo y un inmenso coste económico
para la sociedad. Para ello, se han desarrollado las políticas sociolaborales.
En
lo que nos centraremos en las siguientes entradas del blog es en el desarrollo
de un proyecto sobre posibles políticas sociolaborales en atención a los diferentes colectivos
minoritarios a nivel local, más concretamente en el Ayuntamiento de A Coruña.
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